Al Sisi se plantea reformar la Constitución para perpetuarse

A estas alturas, se podrá acusar al régimen de Abdel Fatah Al Sisi de violaciones múltiples de derechos humanos en Egipto —como hizo Human Rights Watch (HRW) en un reciente informe—, pero no de imprevisibilidad. El principal tema de discusión en los mentideros políticos de Egipto este verano ha sido una hipotética reforma de la Constitución para alargar los mandatos presidenciales de cuatro a seis años y eliminar el límite de dos mandatos introducido en 2014. Es decir, perpetuar a Al Sisi en el poder. Mientras los acólitos del presidente en el Parlamento y los medios de comunicación defienden la idea, algunos de sus compañeros de viaje en el golpe de Estado de 2013 se muestran reacios. El mariscal, de momento, guarda un estruendoso silencio.

El primer diputado en sugerir la reforma fue Ismael Naser Eddin, perteneciente al mayor grupo parlamentario la Alianza de Apoyo a Egipto. Se espera que Eddin presente próximamente en la Asamblea Popular su propuesta, que podría afectar a cinco artículos diferentes. El presidente del Parlamento, Ali Abdel Aal, abrió también la puerta a una enmienda de la Carta Magna en una conferencia en la Universidad de Mansura: “La Constitución de 2014 en su forma actual no sirve a los intereses del país a largo plazo (…). Varios de los artículos en la Constitución deben ser reconsiderados”. Como es habitual, la justificación reside en preservar la estabilidad del país en un período difícil.

“De momento, las propuestas de diversos diputados para extender el mandato de Al Sisi son globos sonda”, explica Michele Dunne, directora del programa de Oriente Medio de la fundación Carnegie. Sin embargo, el hecho de que Al Sisi no haya descartado esta opción alimenta las sospechas y rumores. La situación recuerda a la que se produjo tras la asonada, cuando el ambicioso mariscal prometió reiteradamente no buscar la presidencia del país. Pero, después de una intensa campaña en los medios oficialistas, se vio “forzado” a reconsiderar su posición y se acabó presentando a los comicios presidenciales de hace tres años.

Por su parte, los debilitados partidos de la oposición laica han puesto el grito en el cielo. Las fuerzas islamistas ni tan siquiera forman parte del debate, pues la mayoría se hallan proscritas, como los Hermanos Musulmanes del expresidente Mohamed Morsi. Además, varios constitucionalistas y políticos que participaron en la redacción de la Carta Magna han advertido de que la reforma sería inconstitucional. “La Constitución contiene un artículo que establece de forma clara que no es posible cambiar los artículos referidos a la elección del presidente”, escribe Mohamed Abul Ghar, líder del Partido Socialdemócrata, en un artículo publicado en el diario Masry Al-Youm, donde asegura que tales cambios requerirían iniciar un nuevo proceso constituyente.

Desde 1952, ninguno de los cinco presidentes que han gobernado Egipto han abandonado el poder por voluntad propia, una herencia que tuvieron en cuenta los miembros de la Asamblea Constituyente al incluir una cláusula que evitara la tentación de implantar un régimen personalista. Su eliminación enterraría el único avance importante recogido en la Constitución vigente. El resto, como el reconocimiento de las libertades de expresión y asociación, se ha convertido en papel mojado. Además, las enmiendas propuestas convertirían en una ilusión cualquier esperanza albergada por la oposición de reforma del régimen con la llegada de un nuevo líder.

En teoría, las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en junio de 2018. “Al Sisi se enfrenta a una elección que la mayoría de egipcios considera una farsa, lo que llevará a una débil y embarazosa muestra de apoyo popular”, opina Dunne. Un veterano periodista egipcio está de acuerdo en que esa es la razón por la que algunos pretenden alargar el mandato de Al Sisi a seis años y posponer los comicios: “En 2014, cuando Al Sisi aún era bastante popular, el Gobierno ya tuvo que ampliar un día las votaciones para elevar la escasa participación. Ahora la participación será aún menor, quizás de un 10% y dejará al régimen en evidencia ante la comunidad internacional”.

No obstante, no poner las urnas también tendría un coste. “Creo que enmendar la Constitución sería aún menos popular que celebrar una farsa electoral (…) Esta última opción es la más probable, pero antes de la primavera, esto podría cambiar”, sostiene la analista estadounidense. Aunque Al Sisi obtuvo un sospechoso 95% de los votos en 2014, y su adversario, Hamdin Sabahi, denunció irregularidades, dos políticos parecen dispuestos a concurrir: Jaled Ali, el abogado progresista que ha liderado los esfuerzos por impugnar la cesión de dos islas del mar Rojo a Arabia Saudí, y Ahmed Shafiq, el militar al que derrotó el islamista Mohamed Morsi en los comicios de 2012.

Artículo publicado en EL PAIS el día 09-09-2017

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