Toque de atención a Túnez por los abusos en la lucha antiterrorista

Túnez.-En un plazo de un par de semanas, tres organizaciones internacionales (la ONU, Amnistía Internacional y Abogados Sin Fronteras) han publicado sendos informes críticos con la política antiterrorista de las autoridades tunecinas. En sus textos, lamentan que en Túnez, el único país árabe que ha sido capaz de culminar su tránsito a un sistema democrático, los cuerpos de seguridad y los tribunales hayan violado los derechos humanos de los sospechosos de pertenecer a grupos terroristas, lo que representa una marcha atrás hacia los tiempos del dictador Ben Alí. El Gobierno tunecino, por su parte, ha respondido a las críticas asegurando que se trata de “casos aislados”.

Ben Emmerson, un alto cargo de la ONU especializado en política antiterrorista, abordó en su visita al país magrebí el tratamiento a los nacionales retornados de zonas de conflicto. “Me han informado que unos 1.500 individuos se hallan involucrados en procesos por actos terroristas. Menos de un 10% han sido sentenciados, y el resto se ven privados de libertad durante largos periodos sin haberlos encontrado culpables de ninguna ofensa”, afirmó en un comunicado en el que también se declaraba “particularmente preocupado” por la situación en la cárcel de Mornaguia, a la que tuvo acceso. El centro no cumple los estándares internacionales mínimos y el número de reclusos supera en un 150% su capacidad.

En su informe, Amnistía Internacional relata un mayor número de violaciones de los derechos humanos, facilitados por el hecho de que el pase se halle en estado de emergencia desde hace casi un año y medio. Entre las decenas de abusos recogidos, figura las redadas indiscriminadas en determinados barrios, normalmente sin autorización judicial; los arrestos arbitrarios en base a la apariencia y sin orden; los malos tratos a familiares de los sospechosos para que proporcionen información sobre ellos; y la tortura en los centros de detención y cárceles.

Por su parte, la asociación de abogados, junto contras ONGs locales, denunciaron que la severa ley antiterrorista vigente dificulta el derecho a un proceso justo. Después de haber padecido tres sanguinarios atentados terroristas en 2015, una parte de la sociedad tuenica parece dispuesta a condonar los excesos de la policía en aras de la seguridad.

Artículo publicado en EL PAIS el día 19-02-2017

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