Juicio militar a dos periodistas tunecinos por criticar al Ejército

Durante la reciente conferencia internacional Tunisia 2020, los mandatarios tunecinos no se cansaron de presumir de ser la única “democracia del mundo árabe”. Si bien es cierto que la transición institucional ya ha culminado, ello no evita que, de vez en cuando, reaparezcan vestigios de un terrible pasado como si fueran una pesadilla. Esta es la sensación que han experimentado los periodistas Rached Khiari y Kamel Arfaoui, ambos procesados en un tribunal castrense por el simple hecho de criticar las Fuerzas Armadas, según ha informado la oficina de la ONG Human Rights Watch (HRW) en Túnez.

Si el propio procesamiento ya resulta de por sí sorprendente, una vez se analizan las palabras de los reporteros, el asunto se convierte en surrealista. Khiari fue incriminado por referirse en un debate organizado por un programa de televisión a una primicia desvelada por el diario The Washington Post, según la cual el Gobierno tunecino habría firmado un acuerdo con EEUU que permite a éste contar con una base de drones en el país magrebí. En seguida, el ministro de Defensa negó la veracidad de la noticia, pero unos días después el presidente Beji Caïd Essebsi confirmó que aviones sin piloto estadounidenses supervisan la frontera libia, siempre con la autorización previa del Gobierno tunecino.

En el caso de Arfaoui, publicó el 30 de julio un artículo en el que censuraba la falta de investigación de las autoridades en el siniestro de un avión militar que provocó la muerte de dos oficiales. Ambos reporteros se enfrentan a una condena de cárcel de hasta 3 años por los cargos de ofensas a la dignidad, reputación o moral del Ejército, un delito tipificado enel artículo 91 del código de la justicia militar. Khiari, además, también está acusado de “dañar la defensa nacional”, castigado con la pena de muerte.

La máxima responsable de HRW en Túnez, Amna Guellali, ha instado al Gobierno tunecino a retirar los cargos que pesan sobre los dos reporteros. “En lugar de silenciar a los críticos, las autoridades deberían modificar las leyes adoptadas durante tiempos más represivos que criminalizan las críticas a instituciones o figuras publicas”, comenta Guellali, que recuerda que en los últimos años se han producido casos parecidos, como el del bloguero Yassine Ayari, condenado a tres años de prisión a finales de 2014 en un tribunal castrense.

Publicado en EL PAIS el día 9-12-2016

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