Después de las primaveras árabes, más corrupción todavía

Si la muerte de Mohamed al-Bouazizi, el vendedor ambulante de verduras tunecino que se inmoló tras confiscarle la policía su carro, no se hubiera visto acompañada unas semanas antes de las revelaciones de Wikileaks sobre la fortuna corrupta del dictactor Ben Alí, quizás la Revolución de los Jazmines no hubiera acontecido. Y todos sabemos que esta revuelta fue la que inició la reacción revolucionaria en cadena que ha puesto patas arriba el viejo orden de Oriente Medio.

Un factor en común detrás de todas las revueltas árabes, junto con la falta de libertad o empleo, era la percepción que los regímenes autocráticos árabes se habían convertido en un nido de corrupción. Mientras el pueblo sudaba para llegar a fin de mes, los tiranos y sus aduladores vivían rodeados de un lujo hiriente. Un lustro y varios conflictos después, la corrupción se ha extendido en todos estos países, incluido Túnez, cuna de la Primavera Árabe, y el único país que ha llevado a buen puerto su transición democrática.

Según un informe de la ONG Transparency International, especializada en sondeos y rankings que miden la percepción de la corrupción, los ciudadanos de nueve países árabes consideran que durante el último año se ha agravado esta lacra. En concreto, así piensa un 61% en estos países (Algeria, Jordania, Egipto, Marruecos, Palestina, Sudán, Yemen, Túnez y Líbano).

“Es como si la Primavera Árabe no hubiera sucedido nunca. Los líderes que fracasan al frenar el secretismo, en promover la libertad de expresión, y en poner fin a los sobornos también son incapaces de llevar dignidad a la vida diaria de la gente que vive en Oriente Medio y el Norte de África”, denuncia José Ugaz, unos de los responsables de Transparency.

En Líbano y Yemen es donde la percepción es más aguda. Aunque no figuran en el estudio, una situación parecida ocurre en Siria o Libia. Este fenómeno no es de extrañar, pues las guerras y conflictos sectarios carcomen los Estados y sus instituciones. Más sorprendente y preocupante es que se multiplique el fraude en países más estables donde hubo movimientos revolucionarios que consiguieron derrocar a líderes corruptos, o al menos forzaron a los dirigentes a prometer reformas.

Sin duda, Túnez, reconocido este año con el Premio Nobel de la Paz por su ejemplar transición, es el caso más paradigmático. En el ránking elaborado por Transparency International, que basa en la percepción de la corrupción, el país magrebí ha caído 17 puestos entre 2010 y 2015, y ocupa hoy el 76 sobre un total de 168 países estudiados. “Antes de la Revolución, la corrupción estaba sobre todo concentrada alrededor de la familia Ben Alí, pero ahora se ha descentralizado y se ha extendido”, sostiene Mouheb Garoui, director de la onegé I Watch, especializada en la lucha contra esta lacra. No obstante, Garoui advierte de la dificultad de comparar con precisión ambos periodos, pues antes la falta de libertad impedía cualquier denuncia pública.

En todo caso, es evidente que la caída del régimen no ha puesto fin a las corruptelas, ni las derivadas del trato diario entre el ciudadano y la adminsitración, sobre todo la policía, ni las que implican grandes sumas. La cultura del soborno se ve alimentada por la debilidad de los mecanismos puestos en marcha para combatirla. Desde 2014, la Instancia para la Lucha Contra la Corrupción (ILCC) cuenta con un presupuesto tan reducido que más casi la mitad se dedica al alquiler de sus oficinas. Su presidente, Shawki Tabib, cuantificó en cerca de 800 millones de euros anuales los fondos arrebatados al Estado por la corrupción, que calificó de “endémica”, pues se ha infiltrado en todas las instituciones, desde la justicia, a los partidos políticos pasando por los medios de comunicación.

La Instancia de la Dignidad y la Verdad (IDV), la comisión encargada de aplicar la justicia transicional y que se ocupa también de estudiar los casos de corrupción durante la dictadura, ha visto su labor minada por las querellas partidistas y por una campaña de desprestigio lanzada por los aún influyentes vestigios del antiguo régimen. “La medida más urgente es la aprobación de una ley que proteja a los whistlebowers (“soplones”). Actualmente, los funcionarios que denuncian las prácticas corruptas, son víctimas del mobbing”, explica Garoui.

En Egipto, donde un golpe de Estado militar abortó la transición democrática, la situación no es mejor. La corrupción ha sido una de las protagonistas informativas del verano. Para empezar, porque el magnate hispano-egipcio Hussein Salem llegó a un acuerdo con las autoridades egipcias para recibir una amnistía de sus diversas condenas de cárcel por corrupción a cambio del pago de más de 534 millones de euros.

Paradójicamente, quien sí podría dar con sus huesos entre rejas es el ex presidente del equivalente del Tribunal de Cuentas, Hisham Geneina, que ha sido condenado a un año de cárcel por hacer su trabajo. Este alto cargo denunció que la justicia egipcia no estaba persiguiendo a decenas de sospechosos por corrupción señalados en sus informes y estimó la cifra que escapó de las cofres del Estado por el fraude en más de 60.000 millones de euros entre 2012 y 2015. Geneina cometió el “pecado” de revelar a la prensa su descubrimiento. Tras desatarse una gran polémica, fue cesado y procesado. El principal cargo en su contra: “difamar las instituciones del Estado”.

Para completar el cuadro veraniego, el ministro de Suministros, Khaled Khanafy, dimitió a principios de mes al destaparse en un informe del Parlamento una trama dentro de su ministerio que estafó al Estado unos 52 millones de euros. Cerca de dos millones de toneladas de trigo, compradas por el Estado para ofrecer el pan a un precio subvencionado, se esfumaron como por arte de magia. Cinco años después de su Revolución, según la ONG Transparency International, Egipto ocupa el puesto 88 de 168 de su índice de corrupción, y un 80% de los egipcios sostienen que el nivel de corrupción se ha mantenido o agravado después del 2011.

Articulo publicado en Berria

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