La salida confederal a la “cuestión catalana”

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Hoy se cumplen exactamente cuatro años de la primera diada multitudinaria en favor de la in
dependencia de Catalunya, disparo de salida del llamado “procés sobiranista”. Desde entonces han pasado muchas cosas: varias elecciones autonómicas y generales, un simulacro de referéndum el 9-N, varias exhibiciones de movilización del independentismo, y un cambio de presidente en la Generalitat. No obstante, las coordenadas del “problema catalán” permanecen casi inmutables desde hace tiempo.Veamos.

Los partidos soberanistas mantienen el Gobierno de Catalunya y una corta mayoría en el Parlament. Aunque el PIB comienza a crecer tímidamente, el apoyo a la independencia no da señales de ir a la baja. No ha habido soufflé, y se equivocaban los análisis desde Madrid que vinculaban independentismo con crisis económica. Ahora bien, hace tres años que el independentismo tampoco crece en las encuestas, ni en las urnas. Se ha estancado. Como también lo han hecho los magros apoyos a la independencia de Catalunya entre las cancillerías de Europa y el mundo.

Así las cosas, solo veo dos posibles salidas al estatus quo actual, que envenena las relaciones entre Catalunya y España y lastra la necesaria regeneración del sistema político español. La perimera es un referéndum de secesión. Fue una buena salida para Escocia, y también lo podría ser para el conflicto político en el principado. Sin embargo, excepto Podemos, ninguno de los principales partidos españoles quiere ni tan siquiera oir hablar de tal posibilidad. De momento, es políticamente inviable. Además, presenta otro inconveniente: con Catalunya partida en dos mitades casi iguales, el resultado, fuera el que fuera, dejaría a millones de personas desoladas.

Otra posible solución, en la que ni unos ni otros parecen reparar, es la salida confederal, a la que no debemos confundir con la propuesta federal del PSOE. Esta última consiste en un simple retoque del Estado autonómico para poder ponerle el sello “federal”. Su medida estrella es la reforma del Senado, a la que se suma algún otro cambio para agilizar la relación entre el Gobierno central y los autonómicos. Es decir, no aborda la demanda de reconomiento nacional de una mayoría de los catalanes. Y por lo tanto, nunca podrá ser aceptada por el soberanismo como solución.

En cambio, la opción confederal sí representaría una ruptura con el Estado autonómico y, en general, con la filosofía que ha gobernado las relaciones entre Catalunya y España desde hace tres siglos. Su concreción instituciona podría adoptar diversas formas que deberían negociar las diversas partes. Lo sustantivo es que introduciría el principio de soberanía compartida entre los Gobiernos español y catalán. Este tipo de relación no es completamente nuevo, ya existe en el ordenamiento jurídico español. Me refiero al llamado “cupo vasco”, es decir, la aportación de Euskado a las arcas del Estado, que debe ser decidida por consenso cada año entre ambos ejecutivos. El lehendakari Ibarretxe ya intentó extender este principio a otros ámbitos. En lugar de confederación, le llamó “Estado libre asociado”. Pues bien, por ahí iría la cosa.

Esta solucion presenta varios méritos. Entre ellos, el hecho de que no habría claros ganadores ni perdedores respecto al conflicto actual. Todos verían sus aspiraciones parcialmente satisfechas. Y ahí radica su mayor dificultad, sobre todo en un escenario de aguda competición partidista dentro de cada bloque ideológico. Mientras ERC y el PDC -la vieja CiU- se hallan en una subhasta para conseguir la condición de campeón del independentismo, el PP y C’s compiten por la primacía en el nacionalismo español. Nadie quiere ser percibido como el que cede ante el adversario.

Curiosamente, la compleja ecuación catalana no difiere en exceso de otros problemas aritméticos en la política española. Por ejemplo, el de la gobernabilidad. La tozuda realidad electoral no otorga claros vencedores y vencidos, tampoco después de unas segundas elecciones. El empate perpetuo empuja a pactos, es decir, a cesiones. Algunas encuestas sugieren que la población empieza ser consciente de ello y reclama pragmatismo por encima de pureza ideológica. Pero a los políticos les cuesta aceptar las nuevas reglas del juego, tanto en Catalunya como España. Quizás sea hora de que la sociedad civil se manifeste de alguna forma más que a través de las encuestas. La alternativa será peor para todos.

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