“Si no afrontas los crímenes del pasado, vuelven”

sihemEntrevista con Sihem Bensedrin (Pres. Comisión de la Verdad en Túnez)

Cinco años después de inspirar a Oriente Medio con su revolución, que desencadenó la primavera árabe, Túnez aún está luchando para superar la pesada herencia de la era Ben Alí. Y como muestra, la ola reciente de protestas sociales concentrada en el centro y el oeste del país, regiones marginadas por el antiguo régimen. O el proceso de justicia transicional que debe llevar a cabo la Instancia de la Dignidad y la Verdad. Su presidenta es Sihem Bensedrín (La Marsa, 1950), periodista, escritora y opositora histórica de la dictadura del ex presidente Ben Alí.

La Instancia, creada por el primer Gobierno elegido en las urnas, goza de un mandato inscrito en la nueva Constitución del país, piedra angular de la galardonada transición democrática tunecina. Según Bensedrín, que cuando estalló la revolución se encontraba exiliada en Barcelona, el objetivo de la institución no vengarse del pasado, sino conseguir un difícil equilibrio entre hacer justicia, resarcir las víctimas y estimular la reconciliación nacional. De su éxito depende que cicatricen las miles de heridas padecidas los últimos años. Tantas, al menos, como los dossieres presentados frente a la Instancia, más de 23.000.

-¿Por qué es necesario un ejercicio de justicia transicional tras una dictadura?

Porque de no hacerlo, no se puede liquidar su legado, se acaba convirtiendo en un fantasma que te acosa. El hecho de ser valiente e investigar los crímenes del pasado, quién ordenó matar a quién, dónde se encuentran los cadáveres, permite calmar el dolor de las víctimas. Apacigua los espíritus. El caso de España, que optó por la amnesia colectiva, muestra que las cuestiones no resueltos acaban resurgiendo. Algunos de los más graves problemas de la España actual derivan de no haber afrontado su pasado. Por ejemplo, creo que si la corrupción se halla ahora tan extendida es porque el olvido creó una sensación de impunidad.

-¿Cuál es el mandato específico de la Instancia?

En primer lugar, establecer la verdad de los crímenes del Estado desde la independencia, en 1956. En segundo, reparar a las víctimas, material y moralmente. Y por último, que los agresores rindan cuentas ante la sociedad, y eso no implica el encarcelamiento. Muchas veces, el verdugo es la última cadena del eslabón, y necesitamos su colaboración para desvelar cuál era la cadena de mando. El fin último es desmantelar todo el sistema de represión.

En este proceso, es fundamental que los agresores asuman el daño causado. Que pidan perdón públicamente. Solo entonces, las víctimas pueden perdonar, y el país exorcizar su pasado, evitando que se vuelva a repetir. Si la personas humilladas no reciben las disculpas que merecen, van acumulando el odio, y eso es una bomba de relojería que hipoteca el futuro.

-¿Están contando con la cooperación de las instituciones de Estado?

En general, sí. Por ley, tenemos acceso a todos archivos del Estado, y nuestra cooperación con algunos de los miniterios que debemos compensar económicamente a las víctimas, como el de Asuntos Sociales, es muy fluida. La excepción es el ministerio del Interior, que era la principal herramienta de represión de la dictadura. Nuestra labor no está siendo fácil, hay sectores vinculados al pasado que han vuelto a tomar posiciones e intentan minar este proceso, erradicarlo, con campañas para denigrarnos. Pero eso no nos desanima. En otros países, también quisieron frenar la justicia transicional y fracasaron.

-¿Qué lecciones han extraído de las otras comisiones de la verdad?

Durante nuestros seis primeros meses de trabajo, nos dedicamos a estudiar las experiencias de las 42 comisiones de la verdad realizadas en todo el mundo. De todas hemos aprendido. Por ejemplo, de Polonia aprendimos que la comisión no puede solo investigar los casos y luego enviarlos a la justicia ordinaria, porque muchos jueces formaban parte del engranaje dictatorial, y los acabaron archivando. Por eso, nosotros contamos con un cuerpo de jueces propio, que ha recibido formación en el ámbito de la justicia transicional, blindado de las interferencias de la justicia ordinaria o del Gobierno. Y de Sudáfrica aprendimos que no debemos realizar audiencias públicas con todas las víctimas. Allí, tras contar su experiencia ante las cámaras, algunas víctimas padecieron un nuevo estado de trauma y se suicidaron. Por eso, contamos con un equipo de psicólogos que examinará su situación.

-¿Qué innovaciones ha aportado Túnez a la doctrina de la justicia transicional?

Pues varias, pero me gustaría destacar tres. La primera, que hemos abierto la puerta a la existencia de colectivos como víctimas, y no solo individuos. Y, por ejemplo, la región de Kaserine, ha presentado una dossier. La segunda, que no nos limitamos a estudiar las violaciones derechos humanos, sino también de los derechos económicos y sociales. Uno de los principales descubrimientos que hemos hecho al analizar los más de 23.000 dossieres es que los delitos de corrupción eran realmente endémicos, más de lo que imaginábamos. Por último, como contaba antes, el hecho de contar con un cuerpo propio de jueces.

Artículo publicado en EL PAIS el día 31-01-2016

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