Nuevo régimen, mismos problemas económicos

El Cairo.-Por tercera vez en menos de 30 meses, Egipto no tiene solo un nuevo gobierno, sino un nuevo régimen. La inestabilidad política e institucional de la nación árabe más populosa se ha convertido en un fenómeno crónico desde la caída de Hosni Mubarak. En un primer momento, la caída del presidente Mohamed Morsi a través de un golpe de Estado fue acogida positivamente por la mayoría de actores económicos, y la bolsa abrió el día siguiente con una alza del 5%. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el optimismo se fue evaporando y tornando en preocupación.

Y es que los desafíos monumentales que tiene planteada la economía egipcia no se han alterado. De hecho, se van agravando con el paso del tiempo y la acumulación de las oportunidades perdidas. El primer y principal problema macroeconómico de Egipto es su déficit público galopante, que ya ha alcanzado los 2.300 millones mensuales. Según los últimos datos del ministerio de Finanzas, en los primeros cinco meses del 2013, el déficit alcanzó los 11.500 millones euros, cerca del doble que el año anterior. En términos anuales, la cifra alcanza el 15% del PIB, un porcentaje parecido al que alcanzó la economía griega en plena crisis de deuda.

Cada nuevo gobierno que asume el poder, lo hace con unas grandes expectativas por parte de la población, que culpa al anterior de los males del país. No obstante, su margen de maniobra es reducido. El pago de la deuda ya absorbe casi un 25% del presupuesto. Las políticas económicas necesarias para sanear la economía no son ningún misterio: eliminar los subsidios, sobre todo a los combustibles; reformar la fiscalidad para aumentar los ingresos; y atraer inversiones. En concreto, los subsidios a la energía consumen casi otro 25% del presupuesto. A medio plazo, todo ello debería permitir aumentar el gasto social, sobre todo en educación y sanidad.

El principal obstáculo a las reformas es el hecho que tocan muchos intereses creados, y ello requiere contar con un amplio apoyo político. Los diplomáticos españoles no se cansan de repetir que Egipto necesita su versión de los Pactos de la Moncloa. Y no les falta razón. Para poner las bases de un nuevo modelo económico y social es necesario un gran acuerdo entre fuerzas políticas y actores sociales. No hay que olvidar que Egipto está batiendo récords de efervescencia política y social: en 2013, se han registrado una media de más 1.100 protestas mensuales, muchas de ellas por vinculadas a demandas laborales.

“En estos dos años y medio de transición, la clase política ha sido incapaz de generar un proceso inclusivo, en el que todos los principales actores estén representados en el diseño del marco institucional del país. Y ello tiene un coste evidente, no poder hacer reformas de calado”, sostiene el economista Amr Adly. Un buen ejemplo es el acuerdo nunca concluido de un préstamo con el FMI, por valor de 4.800 millones de dólares, que se arrastra desde hace dos años. Pocos expertos ponen en duda su bondad, ya que supondría un colchón para moderar el efecto de las reformas económicas en los sectores más vulnerables. En comparación con el sector bancario privado, el tipo de interés es bajo y ofrecería una señal de confianza a los inversores extranjeros.

Sin embargo, el préstamo es políticamente tóxico, pues trae malos recuerdos de la era Mubarak. Los acuerdos con el Fondo conllevaron la privatización de empresas públicas, una mayor precariedad para muchos trabajadores, y la multiplicación de las desigualdades. Cada uno de los tres últimos gobiernos ha querido firmar el acuerdo, pero no lo ha hecho por miedo a que la oposición lo utilizara como arma arrojadiza. Los Hermanos Musulmanes se opusieron al préstamo cuando la Junta Militar detentaba el poder, pero luego sí quisieron cerrarlo una vez obtenida la presidencia.

El propio flamante ministro Planificación, Ashraf al-Arabi, sorprendió a muchos analistas al afirmar que no había prisa para retomar las negociaciones. El FMI también ha mostrado cierta prevención, pues preferiría negociar con un gobierno salido de las urnas y no de un golpe de Estado. El actual ejecutivo tiene un perfil tecnócrata y está formado por varios economistas de prestigio, lo que refleja que la reconducir economía es una de las prioridades de las nuevas autoridades. De hecho, el propio primer ministro, Hazem Beblawi, es un ex ministro de Finanzas. Pero los analistas dudan que el gabinete tenga la voluntad de hacer reformas de calado. “Este gobierno no tiene el mandato político para aplicar políticas impopulares y de largo alcance que puedan exacerbar el desasosiego y ser políticamente contraproductivas”, cree Farek Soussa, reponsable para Oriente Medio de Citigroup.

Con los Hermanos Musulmanes en pie de guerra, lo más probable es que el gobierno interino piense sólo en el corto plazo, y posponga de nuevo las reformas hasta las próximas elecciones, previstas para el mes de febrero. “Este gobierno no puede ser audaz no sólo por su interinidad, sino por la situación de grave crisis política del país. Su objetivo será mantener la paz social, evitar un estallido que pueda hacer descarrilar la transición, como intenta la Hermandad”, explica Adly.

Otro de los graves problemas económicos del país es la caída de las reservas de divisas, que representan menos de la mitad de las poseidas antes de la revolución que depuso a Hosni Mubarak. No obstante, las nuevas autoridades han recibido un verdadero balón de oxígeno de sus aliados del Golfó Pérsico, y grandes detractores de la Hermandad. Entre depósitos en el Banco Central, préstamos y ayuda directa, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait han concedido a Egipto 12.000 millones de dólares, lo que explica la tranquilidad del ministro de planificación. El año pasado fue sobre todo Catar, aliado de los Hermanos Musulmanes, quien mantuvo a flote el país. Ahora bien, el agujero presupuestario es tan grande, que la ayuda supone sólo un bálsamo a corto plazo.

Durante el último año, el país creció registró un crecimiento económico del 2,2% del PIB, lejos del 6% que necesitaría para ofrecer trabajo a los más de 700.000 jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral. El turismo, una de las principales industrias del país se encuentra estancada. Desde la revolución del 2011, su recuperación se ha revelado un esfuerzo sisífico. Cada vez que pasan tres meses sin enfrentamientos callejeros, se dispara la esperanza entre hoteleros y comerciantes. Pero siempre llega un jarro de agua fría en forma de una nueva ola violencia.

Así las cosas, con este grado de inestabilidad e incertidumbre es difícil que se animen los inversores extranjeras, que hace tiempo observan Egipto con atención. El magnate más rico del país, Naguib Sawiris, cristiano y conocido detractor de Morsi, ha prometido que su familia “va a invertir como nunca antes”. Pero los ahorros internos no bastan no poner en marcha un crecimiento vigoroso.

Un sector donde debe haber cambios profundos es el sistema educativo. Egipto invierte sólo el 3,8% de su PIB en educación, lo que ayuda a explicar que su sistema educativo sitúe en el puesto 139 de los 144 países incluidos en el ránking del World Economic Forum. Entre los Estados con un nivel de riqueza parecido, tan sólo Libia está por debajo. “Para competir en un mundo globalizado, la educación es esencial. Sin un buen sistema educativo, no hay desarrollo posible”, asevera Magdy Milad, un consultor especializado en educación.

Artículo publicado en EL PAIS el día 09-08-2013

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