Egipto condena a la cárcel a 43 empleados de ONGs

El Cairo.-Un tribunal de El Cairo ha sentenciado a penas de entre 1 y 5 años de cárcel a 43 empleados de ONGs extranjeras por haber violado la normativa del país sobre la financiación y funcionamiento de este tipo de organizaciones. Casi todos los 25 procesados de nacionalidad extranjera decidieron salir del país, por lo que fueron condenados en rebeldía y no ingresarán en prisión. La sentencia representa un duro golpe contra la sociedad civil de Egipto y puede dañar sensiblemente las relaciones con Washington, pues buena parte de las ONGs acosadas son estadounidenses.

En concreto, de los 43 inculpados, 27 han recibido una pena de 5 años de cárcel, once han sido condenados a un año, y los cinco restantes a dos años. Entre ellos figura Sam LaHood, el hijo del secretario de Transporte de EEUU, Ray LaHood. Además, la sentencia prohíbe a cinco ONGs continuar operando en Egipto y embarga sus propiedades.

Se trata de la fundación alemana Konrad Adenauer, las estadounidenses Freedom House, y los dos institutos de cooperación internacional vinculados a los Partidos Republicano y Demócrata (IRI y NDI respectivamente), además del Centro Internacional Para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).

El proceso se inició a principios del año 2012, cuando la Junta Militar que gobernaba el país apelaba al patriotismo frente a las críticas de la sociedad civil y las fuerzas revolucionarias. Las ONGs acusadas llevaban varios años funcionando abiertamente en el país, y aunque no habían recibido los permisos pertinentes, eran toleradas por el régimen de Mubarak. Según Robert Becker, un estadounidense que optó por no abandonar el país en solidaridad con sus compañeros egipcios y que ha sido condenado a dos años de cárcel, todo el juicio ha estado influido por consideraciones políticas.

“Yo llegué al país en 2011, cuando la ONG llevaba funcionando desde el 2005, pero uno de los cargos contra mí es haber fundado la ONG … Este caso ha sido político desde su inicio, por lo que un veredicto de culpabilidad es posible”, declaró Becker en un comunicado publicado emitido horas antes de la sentencia. Otro de los inculpados que permaneció en Egipto es Yehia Ganem, ex corresponsal de guerra del diario al-Ahram, y que trabajaba para el ICFJ.

La sentencia ha sido acogida con palabras gruesas por parte de la sociedad civil egipcia. “Esta es un fallo muy severo, que excede las penas más altas posibles incluidas en la ley de las ONGs. Es injusto, y pedimos que no se aplique”, declaró a EL PAIS Tarek Zaghlul, director ejecutivo de la Organización Egipcia de Derechos Humanos. “El país debe contar con una nueva legislación que garantice la libertad de acción de la sociedad civil, y que sea acorde con los tratados internacionales suscritos por el Estado”, añadió.

Por su parte, el secretatio de Estado de EEUU, John Kerry expresió su “profunda preocupación” por una sentencia que calificó de “motivada políticamente”. “Esta decisión va en contra del principio universal de libertad de asociación y es incompatible con la transición a la democracia”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense a través de un comunicado público.

Precisamente, la condena llega justo en pleno debate sobre la nueva ley que debe regular el funcionamiento de las ONGs. El gobierno presentó la semana pasada su borrador al Senado, que debe discurtir la introducción de posibles enmiendas. La propuesta ha sido duramente criticada por las ONGs egipcias, que han acusado a los Hermanos Musulmanes de “poner las bases de un nuevo estado policial”.

“La ley consolida un control administrativo completo de las acciones cívicas”, denuncia una declaración firmada por 40 organizaciones, entre ellas varias dedicadas a la protección de los Derechos Humanos. Según el borrador, se crea un “comité de coordinación” con la capacidad de interferir en la creación de las ONGs y en la recepció de financiación extranjera. Las organizaciones temen que los servicios de seguridad e inteligencia estén presentes en el comité.

“Esto plantea la cuestión de si estos cuerpos de seguridad, que podrían estar vinculados a violaciones de Derechos Humanos, van a permitir a las ONGs recibir financiación o dar licencias a organizaciones extranjeras para monitorear abusos de los que ellos pueden ser los responsables”, denuncia el texto de las ONGs. Por su parte, el gobierno justifica los controles argumentando que todos los Estados supervisan las actividades y financiación de organizaciones extranjeras presentes en su territorio.

Artículo publicado en El PAIS el día 04-06-2013

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