Morsi afianza el control de la Hermandad sobre el gobierno egipcio

Después de meses de rumores y filtraciones, el presidente egipcio, Mohamed Morsi, ha llevado a cabo una profunda remodelación de su gabinete. En total, el raïs ha sustituido nueve ministros, casi un tercio del ejecutivo. Todos ellos han jurado su cargo el martes por la mañana. Sin embargo, no parece que el gesto vaya a resolver la crisis política que vive el país, muy polarizado después de la aprobación de la nueva Constitución sin un amplio consenso en diciembre.

A cambio de colaborar con el gobierno y participar en las próximas elecciones legislativas, el Frente de Salvación Nacional, la plataforma que agrupa a las principales fuerzas de la oposición laica, había exigido a Morsi la formación de un gabinete neutral o de unidad nacional, además del cese del primer ministro, Hisham Qandil. Ninguna de sus demandas se ha cumplido, sino más bien todo lo contrario.

Toda la oposición, incluidos los grupos salafistas, ha acusado a Morsi de pretender “hermanizar” el Estado egipcio, es decir, colocar al frente de todas las instituciones públicas a miembros de su movimiento, los Hermanos Musulmanes. La presente remodelación puede disparar estos recelos, pues la cuota de la cofradía crece hasta representar casi un tercio de los 35 ministros. En cada retoque de su gabinete, Morsi ha ido aumentando la presencia de sus correligionarios.

“Todo lo que puedo decir leyendo los nombres y las biografías de los nuevos ministros es que, más allá de su experiencia, hay más sangre de los Hermanos Musulmanes en el nuevo gobierno”, opina la conocida bloggera Zenobia, de tendencia liberal.

Entre los ministros reemplazados figuran los de Cultura, Antigüedades, Agricultura y Petróleo. Pero los cambios más significativos afectan a las carteras de Justicia y las relativas al área económica, los dos ámbitos donde la administración ha recibido mayores críticas. El ministro de Justicia, Ahmed Mekki, había dimitido hace un par de semanas a raíz de un proyecto de ley sobre el poder judicial presentada por los islamistas que comportaría la jubilación de más de 3.000 jueces. Desde entonces, la judicatura se encuentra en pie de guerra. El nuevo ministro, Ahmed Soliman, está considerado afín al movimiento islamista, un mal augurio de cara a resolver el conflicto.

La crisis económica representa el principal reto de Morsi, de ahí que haya cambiado las tres carteras del área económica: Inversión, Finanzas, y Planificación. Al frente de dos de ellas ha situado a conocidos responsables del brazo político de la Hermandad. Se trata de Amer Darrag, nuevo ministro de Planificación, y Abdel Samie Hamad, de Inversión. Abdel Moneim Hassanein, un experto en banca islámica, será el responsable de Finanzas.

Los analistas han interpretado estos cambios como un intento del presidente de situar la negociación de un préstamo con el FMI bajo el estricto control de los Hermanos Musulmanes. Las conversas con el Fondo se iniciaron hace más de un año y se encuentran estancadas. Al FMI no le convence el programa de reformas presentado por las autoridades egipcias, y preferiría que el crédito, de 4.800 millones de dólares, contara con un mayor apoyo político. Egipto necesita de forma urgente una inyección de divisas, ya que sus reservas han alcanzado un nivel crítico, y el país podría ser incapaz de hacer frente al pago de sus importaciones de cereales y petróleo durante los próximos meses.

Essam el-Erian, uno de los líderes del brazo político de la Hermandad, ha confirmado en la cadena Al Yazira que la economía constituye la prioridad del nuevo ejecutivo, configurado para “afrontar la crisis económica y concluir el acuerdo con el FMI con un nuevo espíritu y una nueva visión”. Como era de esperar, la primera reacción del Frente de Salvación Nacional ha sido negativa. “Se trata solo de cambios cosméticos”, dijo Khaled Dawud, el portavoz de la heterogénea plataforma, que se reunirá evaluar la decisión de Morsi.

Con el cambio del gabinete, el raïs pretende recuperar la iniciativa política, y dar respuesta a las críticas recibidas por el gobierno por amplias capas de la sociedad. De acuerdo con las últimas encuestas, su popularidad se ha desplomado hasta cerca del 40%. No obstante, no parece que la raíz de las limitaciones de su administración se deba a la incapacidad de algunos de sus miembros, sino a la falta del consenso necesario para impulsar reformas profundas.

Artículo publicado en El PAIS el 8-5-2013

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